Los indultos y los principios

Foto propia. Logroño. El Correo, 23 de junio de 2021

El Consejo de Ministros ha indultado, a propuesta del Ministro de Justicia, a los presos independentistas que permanecían en la cárcel. Tras la publicación en el BOE, el Tribunal Supremo (TS) pondrá en libertad a todos aquellos a los que se les haya perdonado las penas asociadas a los delitos de sedición y malversación. Las inhabilitaciones siguen operativas. La medida coincide con un durísimo informe de la Asamblea del Consejo de Europa donde se viene a decir, por resumir, que España encarceló a los líderes separatistas por ejercer la libertad de expresión y de participación política.

Aunque se ha hablado mucho del posible control de la sala tercera del TS, las noticias previas indican una motivación profunda de cada uno de los indultos concedidos: esto hace imposible, a mi modo de ver, una anulación del real decreto más allá de aspectos formales, de lo contrario el TS estaría sustituyendo al Gobierno en su consideración política sobre la utilidad pública de la gracia. Al margen del Ministerio Fiscal, tampoco se me hace fácil imaginar cómo podría justificarse la legitimación de quien vaya a recurrir el indulto (por ejemplo, Vox), descartando víctimas concretas y teniendo en cuenta la restrictiva jurisprudencia del propio TS en el ámbito contencioso.

El recorrido jurídico de los indultos, por lo tanto, parece escaso. Veremos qué pasa con su recorrido político. Sánchez, en el tono presidencialista con el que suele envolver todas sus apariciones, sorprendió a todos con un acto en el Liceo en el que, delante de la decadente sociedad civil pujolista, justificó la medida de gracia en la dimensión integradora de la Constitución que se quiso desintegrar. Señaló que nos debemos un nuevo comienzo en Cataluña (y en España), en tanto en cuanto todos seríamos un poco culpables de la insurrección de septiembre y octubre de 2017.

Socializando la culpa toma sentido la cautivadora apelación a un nuevo comienzo, lo que indica que los indultos no son el punto final a una política secesionista que se desplegó durante cinco años, de forma calculada y sin tregua alguna para el Estado de Derecho y la democracia. A los independentistas no se les exige respetar el marco institucional y el pluralismo que dan sentido a la convivencia reclamada: se les premia, por el contrario, con una mesa de negociación, la reforma del delito de sedición y la laminación de competencias del Tribunal Constitucional en caso de desobediencia grave.

Se ha dicho que el Gobierno ha impulsado este escenario por interés político. Creo, sin embargo, que la izquierda se siente cómoda con las identidades territoriales y desea, por principios, pactar con los nacionalistas una idea de país y de Estado. Ignoro cómo se puede poner en marcha esa idea sin una reforma constitucional y con la oposición en contra, pero algunas pistas nos proporcionan la pandemia y su calamitosa cogobernanza.