El Correo, 5/10/2019
La elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, podría haber encajado en la teoría del cisne negro elaborada por el filósofo libanés Nassim Taleb. Dicha teoría se compone de tres fases diferentes: estaríamos ante un evento inesperado, de gran impacto político y mediático y que retrospectivamente es racionalizado y aceptado por la propia sociedad. No estoy seguro de que esta última fase se pueda aplicar al caso del excéntrico millonario que accedió por sorpresa a la presidencia norteamericana. Sin ir más lejos, la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, ha anunciado que su partido iniciará un juicio político contra Trump, para tratar de destituirle en la recta final de su primer mandato.
El “impeachment” es un proceso previsto en la Constitución, que puede acabar con el cese del presidente si se le encuentra culpable de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves. En tal caso, ocuparía su puesto automáticamente el vicepresidente, en la actualidad el republicano Mike Pence. Dicho proceso puede aplicarse también a otros funcionarios y responsables del gobierno federal y tiene su origen en convenciones inglesas que fueron aplicadas por las colonias a agentes del imperio británico por excesos y abusos en el ejercicio de sus cargos. Cass Sunstein y Lawrence Tribe, insignes juristas liberales que acaban de publicar, con gran olfato académico, sendos libros sobre la naturaleza del “impeachment”, señalan que su reconocimiento en la Constitución de 1787 fue una exigencia popular con el objeto de conservar el principio republicano frente a posibles presidencias autocráticas.
El “impeachment” comienza en el comité judicial de la Cámara de Representantes, que tiene que realizar un informe sobre si existen pruebas que incriminen al presidente en algún delito grave en el ejercicio de sus funciones. Dicho informe tiene que ser aprobado por la mayoría de la Cámara. Si finalmente sucede así, lo que parece probable dado que dicho órgano está en manos demócratas después de las últimas elecciones, la acusación pasaría al Senado que, presidido por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, realizará un auténtico juicio en el que Trump podrá contar con sus propios abogados para defenderse. Para que la acusación pueda triunfar, el Senado tiene que aprobar en el pleno la propuesta de su comité judicial por 2/3 de sus miembros. La cifra es prácticamente imposible de alcanzar dado que exigiría que numerosos senadores republicanos votaran en contra del presidente al que presuntamente apoyan.
En la historia de los Estados Unidos ha habido tres “impeachment”. El primero lo sufrió en 1868 el presidente Andrew Johnson, que accedió al cargo tras el asesinato de Lincoln. El juicio descarrió en el Senado por solo un voto de diferencia y tenía como trasfondo la negativa de Johnson a aplicar las leyes de reconstrucción a los Estados del Sur tras la Guerra Civil. Nixon sufrió también un proceso de destitución en 1974 como consecuencia del Watergate, que solo pudo evitar dimitiendo. Uno de los delitos que se le imputaban era su negativa a comparecer ante el Congreso y aportar grabaciones, cuestión esta última que dio lugar paralelamente a una importante sentencia del Tribunal Supremo sobre la inmunidad procesal presidencial. Finalmente, tenemos el caso cercano de Bill Clinton, que fue acusado formalmente por uno de los tres delitos por los que se le investigaron: mentir bajo juramento al Gran Jurado de Kenneth Starr sobre la existencia de su relación íntima con la becaria Lewinsky. En aquella ocasión, el Senado demostró gran capacidad de contención y responsabilidad y, aunque censuró el comportamiento del presidente, rechazó con los votos de la mayoría de los republicanos y demócratas su destitución.
La noticia del “impeachment” puede haber sido mejor recibida fuera que dentro de los Estados Unidos, donde la popularidad del actual presidente va fluctuando. Como se sabe, Trump deberá aclarar ante el Congreso si es responsable de haber pedido al presidente de Ucrania que investigara al hijo de Joe Biden con la amenaza de vetar unas importantes ayudas militares si no lo hacía. Es muy pronto para saber si la jugada del partido demócrata afectará al actual presidente en sus opciones electorales. Del mismo modo, la candidatura del antiguo vicepresidente de Obama puede no prosperar si finalmente tiene que dar explicaciones sobre por qué su hijo fue nombrado consejero de la mayor compañía de gas de Ucrania. Los comités judiciales de las Cámaras tienen potestad para interrogar a los Biden bajo juramento. En definitiva, las primarias también juegan un papel en todo este asunto.
El proceso de destitución del presidente puede producir una mayor división en el país, desplazando de la agenda informativa temas que también importan a los votantes norteamericanos. Si es así, habrá que ver quién resulta vencedor en el terreno de la polarización política. Yo tengo pocas dudas.
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